El empleo se erige como un elemento de vital importancia en el proceso de integración social, dado que actúa como un puente fundamental hacia el acceso a recursos, los procesos de socialización y el desarrollo personal de cada individuo. A través del trabajo, no solo demostramos nuestra utilidad a la sociedad, sino que también nos insertamos en una vasta red de intercambio de bienes y servicios, y nutrimos nuestra autoestima mediante la contribución a la sociedad.
Sin embargo, en la actualidad, este recurso preciado se presenta como una meta inalcanzable para un segmento de la población. Las personas en riesgo de exclusión social son aquellas cuya participación en la sociedad carece de garantías de igualdad, lo que significa que enfrentan desventajas al ingresar al ámbito laboral en comparación con otros individuos.
En España datos alarmantes
En España, según el último informe de la Fundación Adecco (2023) 9.328.216 personas en edad laboral enfrentan riesgo de pobreza y exclusión social. Más allá de las cifras de desempleo, la precariedad laboral también coloca a numerosos trabajadores en esta desigualdad.
Aunque la riqueza se evalúa aún en términos macroeconómicos, como el Producto Interno Bruto (PIB), la situación de aquellos en peligro de pobreza y exclusión permanece en la penumbra, fuera del alcance de la visión pública. Se considera en riesgo de pobreza y exclusión social a quienes:
- Viven en hogares con ingresos por debajo del umbral de la pobreza (el 60% de la mediana de los ingresos nacionales, establecido en 2016 en 684 euros mensuales), incluyendo a las personas sin hogar.
- Residen en hogares con una baja intensidad laboral (menor al 0,2), definida como la relación entre los meses trabajados por todos los miembros de la unidad familiar. Esto también abarca a personas en situación de desempleo prolongado (12 meses o más), así como a individuos mayores de 45 años y menores de 30 que buscan empleo.
- Son inmigrantes o pertenecen a la etnia gitana, grupos aún sujetos a estigmas y racismo en el ámbito laboral. También incluye a personas reclusas, exreclusas y con drogodependientes.
- Presentan discapacidades superiores al 33%, enfrentando mayores dificultades de inserción laboral, limitado acceso a roles de liderazgo y escasas oportunidades de progresar en un puesto de trabajo.
- Experimentan una privación material severa, lo que implica no poder cubrir al menos cuatro de los siguientes gastos: vivienda, calefacción, vacaciones, alimentación básica, gastos imprevistos, teléfono, televisor a color, lavadora o automóvil.
- Finalmente, mujeres con dificultades para su inserción laboral, como aquellas mayores de 45 años, extranjeras, embarazadas…
Las empresas, como uno de los principales motores económicos de un país, tienen la capacidad de transformar esta situación. La actual inestabilidad económica afecta de manera más severa a los grupos socialmente desfavorecidos, y la pérdida de empleos añadiría una nueva barrera para aquellos en riesgo de exclusión.
Sin embargo, la contratación de personas en esta situación puede generar beneficios significativos para las empresas, además de impulsar un cambio social. Estas compañías pueden acceder a bonificaciones y reducciones fiscales al declarar a Hacienda, en reconocimiento a su esfuerzo por promover un cambio positivo en la sociedad.
Así, la administración agradece a los autónomos y empresarios que optan por marcar la diferencia.